Alegan incumplimiento de leyes ambientales cerca de un antiguo vertedero

El Capitolio- Un grupo de los residentes del sector Los Méndez, del barrio Quebrada de San Lorenzo denunciaron violaciones a la ley por parte del comerciante Alex Bruceles, quien inició en el 2015 la construcción de instalaciones para el uso a campo traviesa de bicicletas, sin embargo, no había solicitado los permisos correspondientes.

Sandra Vázquez, vecina del sector narró en vista pública ante la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este, que presidió de forma incidental el representante José Aponte Hernández, que desde el 2015 observaron un movimiento de equipo pesado en los terrenos del antiguo vertedero, ubicado en la cercanía de sus hogares para remover ese terreno perteneciente al municipio, por lo que procedieron a radicar una querella ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Ello, porque observaron que la basura quedaba al descubierto y temían que se afectara la calidad de vida del sector además de los olores objetables que emanaba el antiguo vertedero.

También, se dirigieron al Municipio de San Lorenzo para dejar establecido la oposición a que se abriera un camino a través del vertedero como paso a la finca propiedad del proponente del establecimiento. Según informó la deponente hasta el presente no han recibido respuesta del alcalde José Román Abreu, ni de la Asamblea Legislativa de dicho pueblo.

Para el 15 de octubre del mismo año, radicaron una querella ante la Junta de Calidad Ambiental. Vázquez relató que en ambas querellas se presentaron fotos para evidenciar los trabajos que se realizaban, lo que también afectaba una quebrada que sirve de tributario al Río Grande de Loíza y a su vez a la represa Carraízo, del cual se sirve gran parte del área metropolitana.

En septiembre del 2016, el DRNA realizó una inspección, pero no emitieron multas ya que alegadamente Bruceles se había comprometido a detener el proyecto hasta tener los permisos requeridos. Esta situación sorprendió a Vázquez y al resto de los vecinos ya que “no se tomaron en consideración los daños ambientales que había provocado el dueño de la finca al abrir camino a través del antiguo vertedero el cual era nuestro objetivo y preocupación”.

No es sino hasta el presente año que los vecinos radican una nueva querella, pero esta vez ante la Oficina de Gerencia de Permisos por incumplimiento del permiso que se le había expedido, ya que era uno para una edificación de cinco mil pies cuadrados, pero Bruceles hizo un movimiento de terreno de al menos 20 mil pies cuadrados.

 

Para el 31 de mayo, el DRNA retoma el caso y realiza una vista ocular por parte del teniente coronel Ángel Cruz y el vigilante Yamil Pérez del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, quienes encontraron violaciones tales como remoción de grandes cantidades de terreno, corte de árboles, impacto al vertedero, dejando expuesta basura, chatarra y áreas contaminadas, además de una obstrucción en la desembocadura hacia el Río Grande de Loíza.

Según expresó la deponente al pedírsele los permisos de construcción al comerciante, mostró uno que establece un parámetro específico de terreno que puede impactar, el cual no es compatible con el proyecto que pretende establecer.

Precisamente, ayer el vigilante del DRNA le comunicó a Vázquez las violaciones por parte de Bruceles, a la vez que le indicó que se estará solicitando una evaluación técnica de las obras realizadas.

La deponente afirmó que “no estamos opuestos al desarrollo de este proyecto, nuestra petición va dirigida a que las agencias pertinentes realicen estudios de suelo, aire y agua para evidenciar los daños que afectan al medio ambiente y nuestra salud, que se detenga la remoción de tierra para evitar daños mayores y que se evite el acceso a los terrenos.”

El representante Aponte Hernández interrogó a la Lcda. Laura Díaz Sola, del DRNA; Vanessa del Moral, directora regional de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Lcda. Edmee Zeidan del OGPe sobre el estatus de este caso, al cual no pudieron contestar por lo que estableció un periodo de 10 días para presentar la información sobre el caso y las acciones que cada agencia tomará para que no continúe la contaminación al sector.

“Ni este servidor, ni la Comisión, tampoco la comunidad estamos opuestos al desarrollo de Puerto Rico, lo que si es que debe ser de manera ordenada”, por lo que instruyó a las Funcionarias a que entreguen la información solicitada. El representante Aponte Hernández también requerirá que se lleve a cabo una inspección ocular por parte de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este junto a las agencias y los vecinos de la comunidad.