Denuncian desconocimiento de ley que protege los cuerpos de agua

El CapitolioLa Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui Atiles, comenzó el análisis de la Resolución de la Cámara 1396, que busca investigar el cumplimiento de la Ley 67-2017, que tipifica como conducta delictiva estacionar vehículos de motor, todo terreno y motoras, en los cuerpos de agua de la Isla.

 

El portavoz de la organización Comunidad Toro Negro en Ciales, José Figueroa Pesquera, alegó que “ninguno de los agentes del Cuerpo de Vigilante, de la Policía de Puerto Rico ni la Policía Municipal conocen de esta Ley”.

 

“Los vigilantes que acuden allí van con el mayor deseo de hacer su trabajo, pero en todos los casos su queja ha sido que no tienen recursos, que no tienen vehículos”, dijo Figueroa Pesquera al señalar que las agencias están respondiendo a su llamado y que se llevan reuniendo desde el 2015 para concretizar los planes de vigilancia. Seguido, insistió en mayor capacitación a los empleados públicos para poder hacer valer la Ley.

 

En representación de la entidad Para la Naturaleza, asistió Ricardo Rodríguez, quien informó que al momento no ha disminuido la contaminación en los cuerpos de agua,. “La respuesta es no”, afirmó al insistir que “hace falta mayor educación y reforzar las herramientas de reciclaje”.

 

La exposición de motivos de esta pieza legislativa expresa, “hemos recibimos denuncias de ciudadanos que nos refieren que la práctica de estacionar vehículos sobre cuerpos de agua continúa a pesar de las prohibiciones existentes”. Así como, “los reclamos consisten en que, a pesar de haberse realizado denuncias a las autoridades pertinentes, quienes incurren en tal actividad prohibida permanencen impunes”.

 

Los autores de la medida son el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló y la vicepresidenta cameral, Lourdes Ramos Rivera.

 

Al inicio de los trabajos, comparecieron el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Salud (DS).

 

Laura Díaz Solá, asesora legal del DRNA, reconoció a los miembros de la Comisión que no existe un reglamento. “La Ley es clara, la conducta prohibida y las penalidades. El Cuerpo de Vigilantes actúa conforme a los protocolos establecidos por el mismo cuerpo. En realidad, entendemos no habría que reglamentar más allá…”, argumento Díaz Solá al presentar el Plan de Vigilancia, que se utiliza para cumplir con la ley y prohibir el acceso de los vehículos a los ríos y arroyos, entre otros.

 

La Ley dicta a las agencias de Salud y a Recursos Naturales y Ambientales, o cualquier otra instrumentalidad gubernamental, a que enmiende cualquier reglamento para cumplir con el propósito de la ley, creada y puesta en vigor en el 2017.

 

El Presidente de la Comisión, indagó sobre el registro de querellas e intervenciones, a lo que la sargento del Cuerpo de Vigilantes, Haydalis Ronda, aclaró que son “mínimas” las querellas, a su vez, afirmó que sí se han emitido multas por vehículos a los lados del cauce.

 

En su turno, el representante Jesús Manuel Ortiz González argumentó que, “aquí evidentemente es falta de implementar la Ley… Para eso necesitamos un compromiso y necesitamos una acción de las agencias llamadas a hacerlo…”. Simultáneamente señaló que la Ley “impone una pena bastante considerable”.

 

Según la penalidad de la Ley, se castiga con multa desde 100 hasta 10 mil dólares, o cárcel por un término no menor de 90 días de ni mayor de tres años, o ambas penas, por cada violación.

 

Mientras, el ingeniero Javier Torres del DS, dijo que la Ley “estableció un disuasivo al imponer penalidades a aquellas conductas de los ciudadanos que impactaran adversamente algún recurso de agua”. Esto, al favorecer la investigación.