Catedrático apoya regulación de las moratorias hipotecarias durante emergencias

El Capitolio –  Según el profesor Ricardo Ramos González, director de la Clínica de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, “hubo de parte de los bancos una total falta de orientación y de divulgación de información necesaria hacia sus clientes hipotecarios para lidiar con la emergencia que provocó el impacto del huracán María en septiembre de 2017’’.

 

Por lo que apoyó la Resolución de la Cámara 1224, en vista pública de las Comisiones de la Vivienda y Desarrollo Urbano y Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros que presiden respectivamente los representantes Luis “Junior Pérez Ortiz y Yashira Lebrón Rodríguez. La medida tiene como propósito investigar el impacto en el mercado de hipotecas y en los consumidores la determinación de los bancos hipotecarios de conceder una moratoria voluntaria de entre tres a cuatro meses tras el paso del disturbio atmosférico y así’, determinar si se requiere legislación para regular esa industria en momentos de emergencia nacional.

 

El representante Pérez Ortiz, señaló que “tanto la Asociación de Bancos y la Mortgage Bank Association declararon (previamente) que las moratorias se otorgaron por buena voluntad y el compromiso social de la industria, y opinaron que no era necesaria esta legislación porque la industria está altamente regulada”.

 

Durante el periodo de preguntas, Ramos González contradijo las expresiones vertidas por la Asociación de Bancos y la Mortgage Bank Association, y aseguró que “eso hay que tomarlo con pinzas. Las moratorias no ocurrieron por la buena fe, las moratorias ocurrieron porque tenían (los bancos) que hacerlo.  Todos tienen su manual de desastres y ellos están obligados a hacerlo”.  

 

Además, explicó que el mercado de préstamos tóxicos comenzó desde el año 2008 a causa de la explosión de la “burbuja inmobiliaria”, que se formó en la década de los años noventa, y provocó lo que se llamó la “gran recesión”. Esto, por desarrollos ajenos a las necesidades del país y que de ser una “crisis”’ pasó a “problema crónico” por el impacto del huracán María.

 

El especialista sostuvo en este campo hipotecario que, tras el fenómeno atmosférico, la declaración presidencial del estado de emergencia en Puerto Rico, entre otros efectos, puso en vigor los distintos protocolos para esas instancias establecidos por las agencias y/o entidades pertinentes.

 

“A saber HUD, Fannie Mae, Freddie Mac, Veteranos, entre otras. El conocimiento y la divulgación de esos protocolos, unidos a aquellos establecidos por otros inversionistas independientes, así como los préstamos en las carteras de los distintos bancos locales, se deben publicar para los beneficios de los deudores cuando ocurra una emergencia. Lo cierto es que eso no se hizo, y en este momento no existe entidad estatal que fiscalice el cumplimiento y la divulgación de dichos protocolos”, afirmó Ramos Gonzalez.

 

A su vez, indicó que la Asamblea Legislativa puede y debe regular las moratorias hipotecarias en caso de emergencias, ya que tras el huracán los bancos procedieron a establecer moratorias en el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios, ante una ausencia de información sobre la manera y forma en cómo se aprobaron. También, recomendó que se investigue la cantidad de propiedades que están por ser ejecutadas.

 

Los representantes Pérez Ortiz y Lebrón Rodríguez abordaron que es el primer deponente que asume una posición en favor del pueblo. “Sale a luz pública de que los bancos no orientan a todo el mundo como tiene que ser y sobre los derechos que deben de tener. Que debe de haber alguna agencia que regule el cumplimiento de los bancos ante un desastre, como recomienda el deponente. Debe ser de manera uniforme y nosotros, la Legislatura, sí lo podemos hacer, sí lo podemos crear y esto no va a afectar a ningún banco que tenga alguna reglamentación interna sobre particular. La Comisión ya está haciendo las gestiones para en cuanto al número de propiedades por ejecutarse”, expresó Pérez Ortiz.

 

Asimismo, la representante Lebrón Rodríguez mencionó que pudiera ser DACO la instrumentalidad utilizada en cuanto al proceso a seguir en estos casos y se consideren las diferentes alternativas con el fin de que las personas conserven sus hogares. “A la larga esto tiene un efecto rebote para el Gobierno”, señaló.

 

El catedrático Ramos González le dijo a las Comisiones que “hay un ‘issue’ con los números de las propiedades en riesgo porque nadie los tiene. Se estiman. De los que dice el Comisionado son 65,000 propiedades.  Pero, ahí no están los que están en el Tribunal Federal que son 1,400; ahí no están los préstamos que se han vendido, que se desconocen; ahí no están los préstamos que no se pudieron poner al día con la moratoria por María. Así… conservadoramente, estamos hablando de 150,000, si lo multiplicas por tres personas por cada hogar son 450,000 personas que se afectan, puede subir más… es un problema bien serio”.