Urge establecer una hoja de ruta en el tema de los desperdicios sólidos

El Capitolio-  Expertos en el tema del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico, proyectaron que entre los años 2021 al 2022, habrá que cerrar el 67 por ciento de los 29 vertederos alrededor de la Isla y apremia que el gobierno establezca política pública tanto para el futuro de la disposición de la basura, así como del financiamiento necesario para el cierre de estos sistemas de relleno sanitarios (SRS).

El exsecretario de Recursos Naturales (DRNA) y exdirector ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Ingeniero Daniel Pagán, señaló que desde el 1992 el Gobierno de Puerto Rico identificó este tema como un reto necesario para la comunidad y el desarrollo económico de la Isla.

Por tal razón y como parte de su labor dentro de ADS, en el 1995, Pagán presentó un plan regional de reciclaje y disposición de desperdicios sólidos, que alega ninguna administración luego del año 2000 le dio seguimiento.

Es por ello, que en los pasados ocho años “la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha ocupado el campo tomando la iniciativa de establecer órdenes de cierre unilaterales para múltiples facilidades de SRS en Puerto Rico. Lo anterior se ha desarrollado sin que exista un plan de trabajo para el manejo integrado de los residuos sólidos a largo plazo y a nivel de nuestra Isla”, sentenció el exfuncionario.

“Esta realidad le pone a la Administración de turno un reto adicional pues requiere la implantación de estrategias de manejo de residuos sólidos concertadas, ambientalmente adecuadas y costo efectivas de forma urgente, pues ninguna de la infraestructura requerida se construye en menos de 24 a 36 meses”, dijo Pagán al calificar este servicio como uno esencial ya que incide en la salud del pueblo.

De los vertederos que están bajo amenaza de cierre, la mayoría se encuentran en la zona norte y oeste, que son las áreas que se encuentran más densamente pobladas. Pagán mencionó los SRS de Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Arecibo, Moca, y Florida, que ya se encuentra cerrada. Los demás son Arroyo, Cayey, Isabela, Juncos y Lajas.

A preguntas del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, el representante Víctor Parés Otero, el exfuncionario sostuvo que la fecha de cierre se aceleró debido al paso de los huracanes Irma y María, porque el recogido de escombros le restó dos años útiles a todos los SRS.

Este exsecretario del DRNA y exdirector ejecutivo de la ADS, recomendó, por tanto, que se actualice el plan creado en el 1995 “para establecer una hoja de ruta en el desarrollo de estos cierres de SRS”.

Aunque Pagán se mostró de acuerdo en que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, rechazara el proyecto de recuperación de energía que estaba programado para Arecibo debido al concepto bajo el cual se presentó, exhortó el establecimiento de una planta en Cambalache en Arecibo y una en las antiguas instalaciones de la Central Coloso en Aguada. Pero, bajo una estructura que incluya a los municipios como socios, logrando así un ajuste en los costos de la disposición de desperdicios.

Su recomendación sobre estas localizaciones surge ya que ambas tienen la infraestructura, que era utilizada para operar las antiguas centrales azucareras de agua, la conexión eléctrica y el acceso al batey de la central, que minimizaría los costos.

Por su parte, el DRNA informó que de los 29 vertederos que existen en la Isla, solo 11 cumplen con la reglamentación federal y los 18 restantes no cumplen mientras que 11 ya tienen orden de cierre por la EPA.

María Coronado, gerente del Área de Calidad y Terrenos del DRNA, explicó que este proceso no será de forma simultánea porque cada instalación deberá someterse a un proceso, comenzando con la solicitud de permiso de cierre, que conlleva la presentación de un diseño, además de los controles ambientales requeridos, lo que implica una evaluación minuciosa.

A esto se suma el costo millonario asociado con el proceso, que es un factor a considerar a raíz de la situación fiscal por la que atraviesan los municipios.

La funcionaria indicó que en el 2018 la Ley Presupuestaria Bipartidista del Congreso de los Estados Unidos confirió a la EPA $40 millones mediante subvención económica a la que Puerto Rico debe presentar un plan para competir. De manera, que se puedan realizar los estudios para la actualización del Itinerario Dinámico y así trabajar con este tema.

El Representante Parés Otero, indicó que la Comisión se propone citar a los alcaldes y a la EPA para que presenten sus recomendaciones ya que “es urgente que la Asamblea Legislativa establezca la política pública en este tema”.