Apremia el readiestramiento de jueces sobre violencia doméstica

El Capitolio- La Comisión de Asuntos de la Mujer, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, prosiguió con la investigación ordenada por la Resolución de la Cámara 1138 para conocer las instancias en las que el tribunal requiere a la persona, contra quien se expide una orden de protección, tome un taller de educación sobre el alcance la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

A la vista pública compareció Rosa Ramos, del Negociado de Comunidades, del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y afirmó que la agencia está “consciente del problema que vive nuestra sociedad sobre el asunto que es la violencia de género y el Negociado de Comunidad tiene una unidad de violencia doméstica, con técnicos que atienden solamente esos casos, los cuales el sentenciado se encuentra en probatoria, si está dispuesto a cumplir unas condiciones entre estas que participe de estos talleres de readiestramiento ”.

La Funcionaria añadió que esos casos se atienden bajo “supervisión intensa, a los que se le da seguimiento continuo. Cuando tiene que asistir a los tribunales, los sentenciados, van a vistas de seguimiento por lo menos una vez al mes y se les hace pruebas de sustancias controladas y se le da seguimiento a lo que es su asistencia a los programas de reeducación; de incumplir cualquiera de las condiciones, inmediatamente informamos al tribunal para que se inicie un proceso de revocación de probatoria”.

Por su parte, Janet Rodríguez, del Programa de Servicio con Antelación al Juicio (PSAJ), indicó que estos talleres, los cuales tienen una duración de 52 sesiones, se les ofrecen a las personas ya sentenciadas y en ocasiones no pueden recibirlos. Esto porque el confinado tiene que esperar que se inicie nuevamente el taller para entrar ya que las sesiones son de continuidad y no se permite que el sentenciado entre a mitad del curso.

En el caso de los sumariados, que están dentro de la institución esperando a que se les enjuicie, no se les ofrece los talleres, porque aún se presume su inocencia y el DCR ofrece el readiestramiento a los que ya han sido han sido sentenciados.

Ambas deponentes recomendaron que ante el bajo por ciento de personas a quienes lo jueces ordenan tomar un taller de readiestramiento sobre la violencia de género, cuando se les emite una orden de protección a sus parejas, se busque adiestrar a los jueces y personal de los tribunales, sobre la importancia de esta educación para evitar que la situación se agrave y terminen dentro de las cárceles.

En la pasada vista pública, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres brindó la estadística que durante el año fiscal 2017-2018, de las 4,022 órdenes de protección finales que emitieron los tribunales a través de todo Puerto Rico, por casos de violencia de género, solamente se ordenó a 105 agresores a participar de manera compulsoria en un programa de reeducación o readiestramiento.

“Necesitamos las garras del tribunal para que haya una orden que si se le impone una fianza o estar bajo la orden de protección se le requiera al agresor que tome el taller. Porque, con todo respeto, si de 4, 022 órdenes de protección solo se ordena a 105 a tomar el taller, el por ciento es sumamente bajo, entonces la Ley 156 que faculta a la Rama Judicial a que una vez se expida una orden de protección, se le requiera al peticionando tomar estos talleres en unas instancias específicas, no se está aplicando adecuadamente”, dijo la empleada del DCR.

Esta recomendación fue acogida por la vicepresidenta cameral Ramos Rivera, quien sostuvo que “me tienen que re adiestrar a los jueces porque entiendo que no podemos seguir atendiendo casos para cumplir con un itinerario y vaciar una sala, hay que refrescarle sus conocimientos para que hagan uso de las herramientas que hemos aprobado en la Asamblea Legislativa”.