En la mirilla cameral la inspección de ascensores y escaleras eléctricas

El Capitolio –  Ante el hecho de que actualmente no existe legislación que establezca los criterios para inspeccionar ascensores en Puerto Rico, la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación Telecomunicaciones, Alianzas Público Privada y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, inició hoy una investigación sobre el estado actual de la manufactura, instalación, alteración, reparación y mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas en la Isla.

 

En la primera vista pública de la Resolución de la Cámara 1247, de la autoría de Parés Otero y el representante Denis Marquez Lebrón, que da pie a la pesquisa, fue corroborado por varios funcionarios que, en efecto, no existe legislación que implante los criterios para el cumplimiento de estatutos en este campo.

 

Los representantes Parés Otero y Marquez Lebrón sostuvieron que recientemente, sectores de esta industria han manifestado su preocupación en torno a la falta de fiscalización de los inspectores de ascensores y escaleras eléctricas, en particular sobre la falta de personal competente en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). 

 

“Hay que legislar. El camino nos lleva directo a eso. Hay un reglamento que se adoptó, pero fue uno como para tener algo, porque no había nada en el proceso. Lo que es preocupante porque se trata de seres humanos los que utilizan los ascensores y escaleras eléctricas. Muchas personas mayores de edad e impedidas los utilizan. Hay que proteger la seguridad de los usuarios y de los empleados de estas compañías de mantenimiento, instalación e inspección de estos equipos y vamos a estar trabajando con esto”, expresó Parés Otero.

 

Mientras que el representante Márquez Lebrón sostuvo que “hay un problema con el Reglamento. Los reglamentos en Puerto Rico tienen que emanar de la ley. Hay que trabajar y lo hemos estado hablando para que en el futuro se apruebe algún tipo de legislación, ya que esos limbos jurídicos que hay ahora mismo se cubran. Hay que corregirlos mediante legislación porque es una actividad de uso diario”.

 

Entretanto, la procuradora del Trabajo del DTRH, licenciada Naiomi Álamo Rivera; el secretario auxiliar de la Secretaría Auxiliar de Seguridad de Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) Luis Prado Rosado, así como el ingeniero Edgar Hernández Oliver de OSHA, se unieron en una sola voz indicando como “un problema serio” el enfoque reglamentario en el titular del ascensor, mas no así en las compañías dedicadas a inspeccionarlos. Esto, incentiva a que algunas personas con ascensores y escaleras eléctricas en su propiedad acudan a compañías que estén dispuestas a aprobar una inspección de un ascensor o escalera eléctrica que no cumple realmente con los criterios de seguridad que deben imperar.

 

Los Funcionarios coincidieron con el planteamiento de los representantes Parés Otero y Márquez Lebrón en cuanto a que posiblemente existen cerca de 6,700 ascensores y escaleras eléctricas en Puerto Rico, y que la cifra real puede superar las 8,000 unidades al tomar en consideración aquellos ascensores que no han sido debidamente inscritos. Por lo que consideraron necesaria la fiscalización del Estado a esta industria.

 

La procuradora del DTRH, Álamo Rivera, mencionó que la Secretaría del DTRH tiene la facultad de adoptar cualquier norma de seguridad y salud ocupacionales, reglas y reglamentos relacionados con la protección de la seguridad y salud de los empleados en su lugar de trabajo.  Por lo que el 30 de noviembre de 2004, el DTRH aprobó el reglamento Número 6934, titulado Reglamento de Ascensores y Equipos Relacionados, aplicables a todos los sectores de esta industria.

 

“La intención es requerir que todos estos equipos se inspeccionen anualmente. Los permisos de instalación o alteración (modernización) de los equipos que se inscriben al igual que las certificaciones de las compañías dedicadas a su manufactura o alteraciones, reparaciones y mantenimiento son emitidas por Puerto Rico OSHA. Estas no están reguladas, sin embargo, el Reglamento regula más rigurosamente a los inspectores de ascensores”, dijo la Álamo Rivera.

 

Hernández Oliver, que dirige la División de Ascensores y Calderas de PR OSHA, indicó que el único inspector de la agencia para este tipo de equipos es él.

 

“Anteriormente la División contaba con cuatro ingenieros y una secretaria. En la actualidad solamente hay un ingeniero en entrenamiento y se está tratando de reclutar a otros empleados”, agregó.

 

Por su parte, Prado Rosado en representación de la Secretaría Auxiliar de Seguridad de Salud Ocupacional, puntualizó que el ingreso por inspecciones de alrededor de 28,000 de estos equipos es de $43,000 al año. Además, que el reclutamiento de inspectores para la agencia es “difícil” porque los ingenieros entrevistados consideran poco un pago de $2,100 al mes. “La Junta de Supervisión Fiscal nos redujo el presupuesto. En Hawaii se cobra $600 por inspección mientras que nosotros cobramos $50.00. La cuantía que se está cobrando tiene que subir”, expresó.

 

Los Funcionarios acogieron que se cree una Ley para regular la industria así como la posibilidad de que se establezca una Junta Examinadora o una Colegiación para que examine el peritaje de las compañías que se dedican a la instalación, reparación y modificación de estos equipos, como en la mayoría de los Estados Unidos. También, que se considere pasar las inspecciones al Cuerpo de Bomberos o al Departamento de Seguridad Pública.

 

El representante Parés Otero adelantó que convocará a más vistas públicas producto de esta resolución cameral para así recibir el insumo en el campo.  “Estaremos trabajando algún proyecto de ley previo a la próxima Sesión Ordinaria que comienza en agosto. Obviamente, va a requerir rapidez en el camino”, concluyó.