En la cuerda floja el proceso de permisos en San Juan

El Capitolio- La Junta de Planificación (JP) advirtió que al Municipio de San Juan se le puede revocar el convenio para la otorgación de permisos, debido a los múltiples incumplimientos hallados en los informes de auditorías realizadas por la agencia, según una resolución firmada por el pasado presidente de la instrumentalidad, Luis García Pelatti.

En vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, la directora del Sub Programa de Auditoría en Cumplimiento de la JP, Ingeniera Yaneris Rivera Ortíz,  afirmó que  dicha resolución determinó que el “Municipio de San Juan está en incumplimiento con los hallazgos del informe de auditoría y como consecuencia el municipio puede ser sancionado severamente si no cumple con lo ordenado por la Junta en esta resolución, incluso se puede revocar el convenio”.

Entre los hallazgos está el hecho de que la Oficina de Permisos Municipal no rindió informes sobre solicitudes radicadas para efectos de la Auditoría de Cumplimientos entre los años 2009 y 2015. Además de que mantienen deudas sustanciales con la JP y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), adjudicó casos sin jurisdicción, y autorizó permisos sin considerar los instrumentos de planificación vigentes.

Rivera Ortíz mencionó que en San Juan fue objeto de una revisión parcial del convenio de 2009 para corroborar si podía ser atemperado a la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” del 2012. Sin embargo, del informe presentado el 25 de enero de 2016, se desprende que “a pesar de las múltiples gestiones realizadas, el municipio no contestó los requerimientos haciendo imposible que la JP pudiera realizar el trabajo y se concluye que no se recomienda favorablemente que se amplíen o concedan las facultades y delegaciones con las competencias sobre la ordenación territorial del Municipio de San Juan”.

La deponente añadió que en una carta, del 28 de marzo de 2016, se le ordenó al municipio que hiciera el pago de lo adeudado por concepto de los permisos que otorgó y no remitió a OGPe, y se le dictaminó que no continuara ningún proceso de vista pública ni tomara determinaciones que no fuese exclusivamente elevar solicitudes a la OGPe o a la JP.

No obstante, García Pelatti no tomó acción en torno a estas violaciones, por lo que la JP “cuando le tocó examinar los cambios de calificación de terrenos, determinó que el municipio no tenía un convenio y que estaba actuando sobre asuntos de planificación especial cuya jurisdicción le corresponde a la JP”, indicó el Lcdo. Héctor Morales, director de la Oficina de Asuntos Legales.

Por lo tanto, la agencia no le concedió los cambios de calificación de terrenos que el municipio había solicitado en ese momento, ya que la JP no le reconoce la existencia de un convenio. A raíz de eso, el Municipio de San Juan acudió a finales del 2017 al Tribunal contra la JP.

Esta información trascendió durante la discusión de la Resolución de la Cámara 1217. Esta medida estudia la “Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico”, específicamente la facultad que se le otorga a los Municipios Autónomos con Jerarquía V para emitir permisos de construcción o uso, sistema industrializados de construcción de impacto regional y todos los permisos para instalación, ubicación y exhibición de rótulos y anuncios, entre otras variaciones, en aras de agilizar los trámites de permisos en Puerto Rico.

Rivera Ortiz indicó que en la actualidad se realizan las auditorías a las determinaciones finales de los municipios de Fajardo, Humacao, Aibonito, Barranquitas, Comerío (Consorcio ABC), Cidra, San Juan y Aguadilla, como parte de la Fase I establecida por ley.

La ingeniera explicó que entre las faltas comunes a todos los municipios auditados, se encuentra el hecho de que no incluyen en el expediente digital una explicación detallada para fundamentar la determinación de otorgar un permiso, según se requiere la ley de permisos.

Así también señaló que en el caso del Municipio de Humacao y el Consorcio ABC se le recomendará trabajar para reclutar miembros y tener activas las Juntas de Comunidad, mientras que al Municipio de Aguadilla se le instruirá reclutar personal técnico para la Oficina de Ordenación Territorial.

En la auditoría de San Juan, se planifica emitir una primera carta con los hallazgos de los primeros 100 casos auditados para el mes de octubre de este año.

“Me preocupa grandemente, como representante del Precinto Cuatro de San Juan, que el municipio, como se mencionó en la vista en el 2009, se le otorgó esa quinta jerarquía con ese convenio y la misma vence a los cinco años, o sea que en el 2014 se venció y no ha surgido desde ese momento al día de hoy convenio otorgado por ley y eso crea cierta situación en donde se están dando permisos a negocios, comercios e industrias, donde se esté incumpliendo con la ley”, dijo Parés Otero.

El Presidente de la Comisión añadió que el asunto de que el municipio y la JP se encuentran enfrascados en un caso en los tribunales, le representa menos fondos a las arcas del Gobierno ya que no se hace la transferencia de fondos correspondientes a OGPe. Por lo que se propone seguir el análisis de la ley para estudiar posibles enmiendas tanto a la Ley de Permisos como a la Ley de Municipios Autónomos.