Representante investigará a fondo cifras de Educación enviadas a la JSF

El Capitolio – Ante la objeción por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la legislación que crearía la nueva ley de Educación Especial, el presidente de la Comisión de Educación Especial y con Personas con Discapacidades, Rafael “June” Rivera Ortega, dio inicio una investigación, bajo la Resolución de la Cámara 66, para examinar las certificaciones presupuestarias que estiman que la nueva legislación de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) tiene un impacto de $90.6 millones.

 

Al inicio de la audiencia, Rivera Ortega expresó que “para poder probar nuestro argumento, yo voy a estar realizando vistas públicas semanalmente, citando bajo juramento a diferentes funcionarios del DE, para establecer si es cierto o no la información sometida a la JSF”, puntualizó.

 

María de los Ángeles Lizardí Valdés, directora de presupuesto del DE, expresó estar presente ante la Comisión para contestar las interrogantes relacionadas a la certificación de fondos necesaria para sufragar el Proyecto de la Cámara 1484, que crea la “La para la Educación de los Niños con Discapacidad de Puerto Rico”.

 

Sin embargo, Lizardi Valdés, no pudo validar los cuestionamientos del Presidente de la Comisión. “Muchas de las preguntas que me están realizando pertenecen a otras áreas del Departamento, al área de recursos humanos, al área de programa de educación especial. Lo anterior no menoscabe en el ejercicio que hicimos para hacer la Certificación”, añadió.

 

Expresó, además, dejar claro a la Comisión, que “nosotros responsablemente nos preparamos para esta vista, pero hay datos sumamente específicos que no teníamos idea de que eran de su interés”.

 

Antes de finalizar la audiencia, el Presidente de la Comisión comunicó que a principio del 2017 creó un equipo de trabajo para revisar la ley vigente de Educación Especial, creada en el 1996. “Aquí en la Cámara de Representantes, en la Comisión, y en el Senado de Puerto Rico estuvimos trabajando alrededor de dos años con una legislación para los niños y jóvenes de educación especial y con discapacidad en Puerto Rico”, manifestó.