En riesgo Puerto Rico de perder certificación de tsunami ready

El Capitolio – Si el municipio de Río Grande no se recertifica como tsunami ready, el resto de las 44 municipalidades costeras alrededor de la Isla perderán suS certificaciones, según afirmó el director regional del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Francisco Bruno Orellana.

En vista pública de la Comisión de Asuntos Internos, presidida por el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, el Funcionario señaló que cada tres años los municipios deben recertificarse según requerido por las autoridades federales, quienes otorgan a los pueblos costeros y municipios aledaños fondos para establecer los planes preventivos en caso de lo que también se conoce como un maremoto.

“Todos los municipios pueden perder su reconocimiento a nivel nacional de tsunami ready por el municipio de Río Grande no estar recertificado y el Negociado de Manejo de Emergencias ha hecho acercamientos un sinnúmero de ocasiones, inclusive el Comisionado Carlos Acevedo, en más de cuatro ocasiones ha tratado de conseguir una cita con el alcalde y no ha sido posible”, narró el funcionario.

Explicó que municipios, como Bayamón y Canóvanas que no quedan en la costa, pero que podrían verse afectados por los afluentes de ríos ya están preparados, con los requerimientos que solicita la Red Sísmica para ser tsunami ready, pero pueden verse afectados por la negativa del municipio de Río Grande a cumplir con los requerimientos.

 A preguntas del representante Ángel Bulerín Ramos, que es legislador de esa zona, Bruno Orellana puntualizó que estos requisitos “son parte de la reglamentación federal, no es una ordenación que pone el Negociado de Manejo de Emergencias, ni el Servicios Nacional de Meteorología, que es la agencia líder federal en este comité, sino que es un requisito del programa a nivel nacional. Si en la jurisdicción de Puerto Rico, alguno de los 44 municipios costeros no cumple, se pierde la acreditación”.

Narró que “no sólo el Negociado ha hecho el intento, sino que el Dr. Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica ha sumamente preocupado por esta situación, y empleados asignados por él para que coordinen todo lo relacionado con la recertificación del municipio de Río Grande nos han informado a nosotros, como Negociado, que tampoco se les ha hecho posible ni comunicación, ni una acción efectiva de parte del municipio”.

Ante la propuesta del presidente de la Comisión, Santiago Guzmán, de que se eleve a rango de ley esta certificación, el deponente opinó que como manejador de emergencias por tantos años “entiendo que sería viable y efectivo que como parte de los protocolos de emergencias a seguir en Puerto Rico, como lo son los planes operacionales y los planes de mitigación, que el reconocimiento a los municipios costeros sea exigido por ley”.

Estas expresiones fueron vertidas durante el análisis de la Resolución de la Cámara 1165, bajo la cual se realiza una investigación en torno a los protocolos de seguridad y planes de contingencia existentes y utilizados en El Capitolio y la zona circundante.

Sobre dicho tema, Bruno Orellana señaló que en la actualidad su agencia analiza el plan de emergencia sometido por la Oficina de Superintendencia del Capitolio, para una vez revisado y hechas las recomendaciones, sean discutidas y puestas en práctica. Esto, según los diferentes componentes del Departamento de Seguridad Pública, tales como el Negociado de Bomberos y Emergencias Médicas, conllevará una asignación de fondos. Sin embargo, no pudieron dar una cifra exacta y se les concedió un tiempo adicional para brindar esa información.

Específicamente, el capitán Rubén Rivera, jefe del Programa de Prevención de Incendios, sostuvo que es necesario la instalación de puertas que en una emergencia puedan ser empujadas para que las personas puedan salir rápidamente, así como mayor señalización de las salidas en emergencias que deben usarse para abandonar los edificios afectados.

Ante ello el representante Santiago Guzmán señaló que “este informe nos da una señal que estos planes conlleva un impacto presupuestario por las inspecciones que han hecho; el propio Departamento de Bomberos admitió que no aparecen en los records electrónicos de los últimos tres años que se haya hecho una inspección en las facilidades, no quiero pensar que empezaron a hacerlas en las últimas dos semanas al conocer de esta investigación”.

Afirmó que ello conlleva una inversión por parte de la Oficina de Superintendencia del Capitolio, que es la entidad que está a cargo de la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la planta física que alberga las distintas dependencias del distrito capitolino.

Sostuvo que próximamente llevará a cabo una vista ejecutiva con José Jerón Muñiz Lasalle, superintendente del Capitolio, para discutir los planes y aclarar las necesidades que existen. De manera que puedan incluirlas en una petición presupuestaria que será sometida ante la Junta de Supervisión Fiscal para para salvar la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, así como la vida de los empleados y visitantes que se visitan las instalaciones.