Comenzó el análisis del presupuesto para el año fiscal 2019-2020

El Capitolio- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA, presidida por el representante Antonio “Tony” Soto Torres, inició hoy el análisis del presupuesto recomendado para el funcionamiento del Gobierno, el cual totaliza $9,624,165,000 millones.

Soto Torres señaló al inicio de los trabajos que el compromiso de la Asamblea Legislativa y la Comisión es “velar que no se inviertan las prioridades, ya que no queremos que suceda lo mismo que pasó con el Instituto de Ciencias Forenses”, al cual se le tuvo que inyectar fondos adicionales para poder operar.

El Representante explicó que el enfoque “va a ser proteger los servicios que son medulares a nuestra sociedad y haremos énfasis en el área de educación, de la salud, seguridad pública y protegeremos y velaremos que esté presupuestado cada centavo que se le debe pagar a nuestros pensionados”.

Ello debido a que el presupuesto de gastos presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es de $9,051 millones, lo cual es $524 millones menos que el del Ejecutivo. Mientras que su proyección de ingresos es de $10,400 millones, lo que a opinión del Legislador es un “error en la interpretación de la ley PROMESA”, ya que el organismo solo debe presentar una proyección de ingresos, no lo que se habrá de gastar.

“La responsabilidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es someterle al gobierno un estimado de ingresos conforme a la data que se tiene, y creer en ese estimado de ingresos. El estimado de ingresos que la propia JSF establece en el Plan Fiscal que certifican es de $10,400 millones; le corresponde al Gobierno de Puerto Rico, de acuerdo a la sección 202 de la Ley PROMESA, establecer la distribución de gastos utilizando ese estimado de ingresos. Sin embargo, la Junta lo que ha intentado es limitar la acción de política pública del Gobierno de Puerto Rico al establecer como cantidad máxima a ser utilizada de forma presupuestaria a $9,051 millones”, dijo Soto Torres.

El Presidente de la Comisión de Hacienda cuestionó la razón para esta determinación que tiene el resultado de “comprimir la acción gubernamental” a la vez que preguntó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), lo que pudiera pasar con la diferencia entre ambas cifras.

Mohammad Yassin, principal asesor legal de AAFAF, señaló que esta diferencia entre lo que son los recaudos actuales y “lo que le gustaría a ellos que fuera el presupuesto, esa diferencia sería destinada obviamente para lo que ellos entenderían sería el servicio a la deuda. Pero, eso es una pregunta que debemos dirigirle a la JSF, pero la impresión es que si usted tiene un ingreso de 100 y se va estar gastando solo 80, eso significa que usted tiene un uso ya predestinado para los 20 que no se están usando y presumiblemente, asumimos que van a estar usando eso para eventualmente pagar a los bonistas y a los fondos buitres”.

Debido a estas diferencias se reflejan en agencias tales como el Departamento de Educación, los gastos de pay go y la aportación al Plan Vital de los municipios y trabajos necesarios en año prelectoral en la Comisión Estatal de Elecciones. Además del aumento a los policías, bomberos y maestros.

Ante ello, Soto Torres advirtió que la “visión de esta Cámara de Representantes no es la de incrementar el gasto público, hemos sido consistentes en que vamos a buscar la eficiencia en el Gobierno de Puerto Rico. Le vamos a dar los recursos que necesitan para poder operar y ofrecer los servicios necesarios y esenciales, pero lo que tengamos que hacer para distribuir esa diferencia en partidas que correspondan a nuestra responsabilidad, tales como Educación Especial, a nivel de las organizaciones sin fines de lucro o para el servicio del pago a la deuda, le competen a la Asamblea Legislativa determinarlo”.

El Legislador aseguró que el presupuesto que se aprobará en la Cámara de Representantes “va a cumplir, y significativamente consistente con el Plan Fiscal, que es lo que requiere la Ley PROMESA, que señala que el presupuesto debe ser consistente con ese plan; y el mismo establece ingresos de $10,400 millones, por lo que aprobaremos un plan que garantice las partidas de gastos necesarios para lograr la eficiencia del gobierno y brindar los servicios a nuestra gente”.